La Encuesta de Población Activa (EPA) publicada hoy por el Instituto Nacional de Estadística correspondiente al último trimestre de 2017 confirma la conclusión de un año positivo en términos de empleo para la economía española. En particular, las cifras finales del ejercicio han situado el número de ocupados y de parados en niveles del año 2008, inicio de la prolongada crisis.
El empleo ha crecido a un ritmo interanual del 2,7%, apuntalando el relevante cambio estructural en el mercado de trabajo, capaz de aprovechar de manera casi automática el crecimiento económico en términos de creación de puestos de trabajo. Esta evolución en el mercado laboral es consecuencia directa de la senda de dinamismo que registra la economía española desde hace ya varios años, con un avance estimado del PIB para el año 2017 del 3,1%, según la previsión de la Cámara de Comercio de España.
Especial mención merece el incremento constatado durante 2017 en el colectivo de los empleadores, a un ritmo interanual del 6,9%, muestra del protagonismo de la actividad empresarial en este proceso de recuperación económica y creación de puestos de trabajo. Estas circunstancias han encontrado también su reflejo en el descenso sostenido del desempleo, con una reducción en el número de parados en el conjunto de 2017 del 11,1%, lo que ha permitido situar la tasa de paro en el último trimestre en el 16,6%, 2,1 puntos menos que hace un año. Esta tasa de desempleo al final de un ejercicio tampoco se alcanzaba desde el año 2008.
Previsiones de la Cámara de España
Para el año 2018, la Cámara de Comercio de España prevé la continuación del dinamismo del mercado laboral, si bien en un escenario de suave ralentización, como de hecho ha puesto de manifiesto la evolución intertrimestral de los datos del último cuarto del año 2017, tanto en términos de ocupación como de desempleo.
En todo caso, para el conjunto del actual ejercicio se prevé una tasa de crecimiento del número de ocupados de la economía española del 2,2% interanual, lo que equivale a la creación de más de 400.000 puestos de trabajo, alcanzándose una tasa media de paro en el año del orden del 15,2%, según la previsión de la Cámara de España.
De hecho, la reciente Encuesta de perspectivas empresariales de la Cámara de España avanzaba la voluntad de las compañías españolas de continuar aumentando sus plantillas durante el año 2018, a ritmos similares a los manifestados para el concluido 2017 y por encima del promedio europeo.
Tras estas perspectivas positivas se encontraría la preservación del buen tono de la demanda interna, acompañada por la consolidación de la aportación positiva del sector exterior. No obstante, este escenario podría verse truncado de prolongarse en el tiempo la incertidumbre política interna, principalmente por la situación en Cataluña.
Adicionalmente, el mercado laboral español aún adolece de ciertas deficiencias, como lo refleja una tasa de desempleo que duplica al promedio de la zona euro, un paro juvenil del 37,5%, un estancamiento en el número de activos, el paulatino aumento de la población inactiva en los últimos años, o el mayor ritmo de avance de la contratación temporal frente a los asalariados indefinidos. Asimismo, la mencionada Encuesta de perspectivas empresariales de la Cámara de España ponía de relieve que para las compañías españolas el principal aspecto condicionante de su actividad son los costes laborales (48,4%), sólo por debajo de la evolución de la demanda nacional (68,9%).
En este contexto, el mantenimiento del proceso de creación de empleo debe seguir figurando entre las prioridades de la política económica del ejercicio. En este sentido, la mejora del mercado laboral español está estrechamente relacionada con la necesaria normalización de la situación en Cataluña, alejando incertidumbres con evidentes efectos negativos sobre la actividad productiva del conjunto del país.
Asimismo, es preciso disponer de unos nuevos presupuestos generales del Estado, capaces de combinar el cumplimiento de los objetivos comprometidos de déficit presupuestario con la aplicación de las reformas estructurales pendientes. En particular, en ámbitos como la financiación autonómica, el sistema de pensiones o el funcionamiento de las Administraciones Publicas, en aras de una mayor productividad y competitividad de nuestra economía.
En materia laboral, cualquier revisión del marco laboral debería partir del consenso y dirigirse hacia la mejora de la calidad del empleo, el aumento de la tasa de actividad, la reducción de los costes derivados de la contratación y la reforma de las políticas activas de empleo.